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Categoría: Artículos de prensa

Tomado del Diario Extra del 10 de marzo de 2011.

 

• Cristian Arguedas en juicio ICE-Alcatel:

Alega que el ICE y la Procuraduría comparten las culpas de lo sucedido.

 

MARCO LEANDRO
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FOTO: ROBERTO GONZÁLEZ

 

Cristian Arguedas, defensor del ex presidente Rodríguez, dijo que el ICE y la Procuraduría comparten las culpas en caso de que hubiera delito en el juicio ICE-Alcatel.

El abogado Cristian Arguedas, defensor del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, torpedeó ayer las pretensiones de la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de cobrarle una millonaria indemnización por los hechos que se juzgan en el caso ICE-Alcatel.

Para Arguedas tales cobros no tienen pies ni cabeza. El defensor está en uso de la palabra en las conclusiones de ese proceso judicial, donde se juzga a 9 personas por recibir y entregar dádivas durante el proceso licitatorio de las primeras 400 mil líneas celulares GSM.

 

El ICE y la Procuraduría presentaron acciones civiles contra los imputados, solicitado un pago solidario entre todos. Sin embargo en un análisis de los documentos con los cuales señalan los cobros, el abogado solicitó se rechacen porque a su criterio no tiene justa causa ni asidero legal.

 

En el documento presentado por la Procuraduría, elaborado por el perito Gerardo Barrantes, piden a los jueces que se le cobre a Ángel por cada uno de los votos que podrían haberse dejado de emitir en las elecciones de 2006, basándose en una encuesta de 104 personas en 2004 que no es electoral.

 

Por cada voto le cobrarían $12 y además por un daño que se pudo haber hecho a la economía, según esa misma encuesta.

 

Sin embargo el abstencionismo que reflejaron esas personas no se dio y el daño a la economía tampoco porque las exportaciones y la llegada del turismo no bajaron en los primeros años de la década pasada sino que más bien nunca pararon de subir.

 

Arguedas afirmó que en relación con los índices de abstencionismo, el margen de error que arroja la prueba de Barrantes presenta un margen de error del 100%, pues la cifra oficial sobre abstencionismo en las elecciones es muy distinta a la que presentó el perito.

 

“Los fundamentos carecen de sustento técnico y ante la imprecisión y apreciación de la prueba lo que la Procuraduría pretende cobrar como un daño a la democracia se relaciona con los ciudadanos que sí acudieron a las urnas electorales”, afirmó Arguedas.

 

También se refirió a la pretensión solidaria que tanto recalca el órgano procurador, señalando que en la práctica no existe, ya que la legislación es muy clara al señalar que la retribución o pago de una indemnización debe correr por cuenta de todas las personas involucradas en el acto ilícito y en este caso es muy distinto, ya que nunca hubo demanda en contra del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) -que financió y se ganó una comisión-, el ICE y José Antonio Lobo Solera, lo que invalida su pretensión.

 

Agrego que aquí se da el caso de lo que los abogados llaman culpas concurrentes, por cuanto el ICE y la Procuraduría comparten las culpas en caso de que hubiera delito.

 

Arguedas aseguró que el ICE debió estar vigilante de la licitación, por lo que tendría un grado de culpa; también la Procuraduría debió demandar al Estado costarricense por cuanto José Antonio Lobo, el principal implicado en este caso, era empleado público y nombrado por el Consejo de Gobierno.

 

Por eso el ICE no puede considerarse víctima en este caso. Para terminar este tema aseguró que esa institución dio por desistida la acción civil al no demandar también a Édgar Valverde y Cristian Sapsizian.

 

En cuanto a la Contraloría General de la República, Arguedas dijo que carece de legitimación para cobrar una indemnización, ya que nunca hubo afectación alguna a los fondos públicos y los dineros que tanto se mencionan son privados de Alcatel.

 

Agregó que la Procuraduría tampoco puede alegar un daño social al país por la renuncia de Rodríguez como secretario general de la OEA, pues esta decisión fue un acto voluntario, como forma de respeto a las instituciones y el sistema judicial costarricense.