Presentamos a continuación la exposición del Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría en el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia del II Distrito Judicial de San José, el 5 de noviembre de 2012.

• En ejercicio de la defensa material

Hace 2943 días volví para someterme al juez natural. Cómo Sócrates preferí el juicio y la eventual condena antes que debilitar el sistema de justicia.

Doy a Dios gracias por poder estar ante Uds. hoy después de tanto atropello. Y doy a Dios gracias de las miles de personas bondadosas que me han dado su solidaridad y afecto en la desgracia. Nunca estuve solo en el ejercicio del poder, y nunca, ni siquiera en el calabozo, he estado solo en esta tribulación.

Ni tengo ni pretende tener conocimientos jurídicos y menos penales suficientes para presentar una argumentación técnica sólida a jueces que son destacados conocedores de estas materias. Hice un trabajo consciente para con tiempo y estudio presentar los agravios que me hace un voto de mayoría en el cual los sucesos se tergiversan, los hechos dados por probados no corresponden a las pruebas,  se admiten pruebas ilegales, la calificación del  delito no corresponde al tipo penal sustancial, la condena no corresponde a la acusación y la pena no corresponde a la condena.

Mis defensores Gairaud y Arguedas, con la venía del tribunal, desarrollarán usando parte de mi tiempo la presentación técnico- jurídica de algunos aspectos de mi recurso material de apelación de sentencia. A ellos y a don Eduardo Araya reitero mi gratitud por sus servicios profesionales de gran calidad y por su amistad en medio de mis dificultades.

No voy a cansar a la señora y los señores jueces con una repetición de mi alegato que ya Uds. han estudiado y que pueden desarrollar muchísimo mejor que yo. Todos los detalles de los hechos, las pruebas que respaldan su ocurrencia, las normas constitucionales, legales y de tratados internacionales violadas y mis derechos humanos infringidos se especifican en mi recurso que Uds. señora y señores jueces  conocen, y no voy a agobiarlos repitiéndolos. Por eso ruego al Tribunal dar consideración a todos y cada uno de los agravios recurridos en mi recurso, a los argumentos esgrimidos y a todas las petitorias planteadas sobre las cuales pido su resolución: todas las petitorias, las que se desarrollan a lo largo de mi recurso, y las que se presentan en su sección sexta.

Ahora simplemente pretendo dar una visión de conjunto al desarrollo de este proceso en estos últimos 3000 días. Por cierto tiempo suficiente para que se conciba una niña, nazca, aprenda a caminar y hablar, vaya a pre maternal, maternal, pre kínder, kínder, primero y segundo grado.

Costa Rica recuerda y el mundo conoció la exhibición pública, el trato cruel y degradante y la tortura, si, la tortura  con la que se me recibió en nuestra civilizada Costa Rica cuando en ejercicio de la Secretaria General de la OEA y por mi libre voluntad volví al país para dar obligado ejemplo de someterme a nuestros jueces. Ese evento manchó de manera indeleble todo este proceso.

Después de mi aviso de llegada al País y solicitud de audiencia al Fiscal General, el acuerdo entre él, el Presidente de la República y su Ministro de Seguridad,   todos de  entonces, para montar el circo en mi contra se preparó con anticipación en todos sus detalles: expresamente se ordenó esposarme, se cambiaron autos corrientes por perreras, se abrió contra lege la pista del aeropuerto a terceros, se estableció tarima para los periodistas en la pista de los aviones, se cambió para mejor enfoque el puesto de atraque de la aeronave, se prohibió a mi abogado brindarme consejo legal a mi llegada, se me detuvo contra resolución expresa de Jueza que ordenaba no hacerlo mientras estuviese en ejercicio de la Secretaria General, se me llevó a velocidades exorbitantes en un vehículo sin lugar alguno para poderme sostener, se mantuvo el ambiente de sirenas, motos, helicópteros por vías de previo anunciadas para mis desplazamientos en orden de provocar la participación popular de repulsa a quien ya había sido condenado por público linchamiento y un muy largo etc., etc.

Como demuestro en mi recurso todas estas acciones y las que se siguieron que incluso ha sido aceptadas por la Sala Constitucional y el Tribunal de la Inspección Judicial, constituyen un caso claro de tortura según los convenios internacionales de derechos humanos que obligan a Costa Rica. Esa tortura y esas violaciones no han tenido reparación a lo largo de estos 3000 y deslegitiman la condena  aquí recurrida y el proceso innecesariamente largo que ya he sufrido. Además he sufrido degradación, la perdida por no poder ejercer el más alto cargo al que ha sido electo centroamericano alguno, sufrimientos familiares, mermas económicas y truncamiento de una vida en su período más productivo. Me han hecho envejecer no luchando por retribuir a Dios y a la sociedad los favores concedidos, sino viendo con sufrimiento desaparecer ante mis ojos las oportunidades construidas en una larga vida de estudio y trabajo tesonero.

Todo por la declaración de un culpable confeso que entendió  claramente el consejo de que le convenía desviar la cacería hacía una presa de mayor impacto político.

Llegó esa triste noche del 15 de octubre de hace 8 años. Salí por tercera vez de los calabozos del OIJ en Barrio González Lahman ya no para tomar huellas digitales y fotos con números en el pecho, sino que finalmente había llegado el momento de poder hablar por primera vez con mi abogado ya en el proceso de la indagatoria. Este expediente de 40 tomos y cientos de cajas de pruebas era entonces un simple ampo y medio con dos declaraciones de Lobo, papeles bancarios y un par de indagatorias  que no me atañían, copias de periódicos, muchas solicitudes y órdenes de  registro y secuestro de documentos bancarios y un reporte de llamadas telefónicas del  ICE.

Lobo decía en su primera indagatoria que después de adjudicada la licitación de las 400.000 líneas celulares personeros de Alcatel le habían ofrecido un premio, y que yo le había autorizado a recibirlo y a compartirlo conmigo. Que me había dado $370.000 en efectivo, hecho una transferencia de $82.000 y dado dos cheques por una suma de unos $52.000. En la segunda indagatoria indicó que me había hecho una transferencia por una suma indeterminada, en un momento indefinido, por un medio no precisado a una cuenta de una compañía que creía era panameña. No cabía posibilidad alguna con esos hechos de un acto de cohecho. Los cheques y la transferencia yo siempre había aceptado que eran un préstamo cuyo pago a Lobo se consignó en el Ministerio Público, y por supuesto ese efectivo y la transferencia a la empresa supuestamente panameña no existió ni siquiera en las muy posteriores declaraciones de Lobo coordinadas con el Ministerio Público de mayo del 2005. Eso fue toda mi única indagatoria.

Claro además en su primera indagatoria Lobo ya había confesado su participación en otros recibos de dinero de contratantes con el ICE. En esa ocasión todavía los fiscales se atrevían a preguntarle sobre otros delitos.

La acusación de Lobo en mi contra era tan inverosímil y contradictoria, que el juez que conoce la solicitud de la fiscalía para que se me imponga prisión preventiva la rechaza. Entonces se  recurre a la mentira y a la acusación falsa de la prensa. Como los pagos recibidos por Lobo de Alcatel no permitían explicar su afirmación de entregas de efectivo de Lobo a mí, la fiscalía miente achacando a Lobo el recibo de dinero que se había hecho a abogados de Alcatel por pagos legítimos y  el falso pago por parte de Alcatel a mis tarjetas de crédito que había publicado La Nación, y que era el único fundamento de esa mentiroso alegato. De esta manera finalmente logran enviarme a prisión, que por  haber tenido  que dirigir la política de manejo de las prisiones, forzosamente se convirtió en aislamiento en calabozo como si fuera yo un reo peligroso y violento.

Desde antes de mi llegada ya algunos medios de comunicación me habían acusado, juzgado y condenado. La opinión pública, azuzada, era en extremo hostil, y todas las frustraciones personales y sociales se encauzaban en mi contra. Y ese ambiente se exacerbaba por la ilegal complicidad del Ministerio Público que les suministraba, a esos medios de comunicación, información que servía a ese propósito, violando la obligación al secreto  del procedimiento preliminar. El propio día de la primera  indagatoria de Lobo, se llego al extremo de que, mientras ella discurría, los medios me llamaban a Washington para consultarme sobre esa acusación, y luego le hacían los fiscales preguntas al indagado sobre mis respuestas. Y así continuó el proceso como con detalle lo pueden constatar los miembros del tribunal en mi recurso. Ello incluso mereció la crítica pública del Colegio de Abogados.

Mientras viví un año privado de libertad incluyendo cinco meses en el calabozo, mi primera preocupación era recuperar mi vida en familia y mi libertad. Y la del Ministerio Público enviarme, mantenerme o devolverme al calabozo. Nunca dudaron en recurrir a la mentira como cuando adujeron falsas violaciones al régimen de arresto domiciliario para solicitar de nuevo mi encarcelamiento.

Los otros actos penales de Lobo no se investigaban. Reiteradamente mis abogados solicitaron al Fiscal General y al Departamento de Delitos Económicos y Financieros del OIJ que se investigaran esos otros delitos que fueron siendo confesados por Lobo y constatados en la documentación bancaria. No se tuvo respuesta alguna. La sección del OIJ decía que no eran delitos cuya investigación hubiese pedido el Ministerio Público, y el Ministerio Público no tomaba acciones. Y no se trataba de un casito por unos pocos miles de colones. Se trataba de otros presuntos delitos con Alcatel desde 1999 por cientos de miles de dólares y de otros al menos cinco delitos en total por un monto de al menos $650.000.Como no  cumplía con los deberes de  su cargo presenté una denuncia con el Fiscal General y el caso fue desestimado gracias a declaraciones de la entonces  fiscal Maribel Bustillo, de que el criterio de oportunidad conferido a Lobo lo era ", no únicamente por los dineros indebidamente recibidos de la empresa Alcatel correspondientes a la contratación por parte del Instituto Costarricense de Electricidad de las cuatrocientas mil líneas de telefonía inalámbrica de tecnología GMS, sino también por los otros hechos delictivos mencionados. Esto se desprende claramente del "Acuerdo para la aplicación del Criterio de Oportunidad" llevado a cabo en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios en fecha 31 de enero del año 2006, el cual tuvo a la vista la suscrita representante del Ministerio Público"  Claro, esto resulto falso cuando se tuvo conocimiento del criterio de oportunidad y se pudo constatar que estos otros delitos no investigados no fueron nunca informados a la Sra. jueza que engañada aprobó el criterio de oportunidad. Es ridículo pretender contestar esta verdad de que los otros posibles delitos de Lobo no se le informaron a la jueza que a ciegas aprobó el criterio de oportunidad, con solo  indicar que la solicitud indicaba el número del expediente. La jueza resolvió sobre lo que le presentó en expediente secreto el Ministerio Público que le ocultó esa información, y luego sale una fiscal a defender a su jefe aduciendo que un criterio de oportunidad incluye esos otros posibles delitos que ni siquiera se mencionan, y que por eso no son investigados.

Para Lobo nunca se pidió prisión preventiva. Se le trataba con toda clase de miramientos. Claro que nunca tuvo ni esposas, ni perreras, ni desfiles con sirenas, ni exhibiciones públicas. Jamás pidió para Lobo prisión el Ministerio Público pero si le prorrogaron "ad eternaem" el arresto domiciliario de manera que tuviese cumplida cualquier eventual condena. Cuando dos ciudadanos indignados por la impunidad que se preveía ya para Lobo interpusieron una querella en su contra, los fiscales hicieron hasta lo imposible por impedírselos, a lo que se opusieron cuatro diferentes resoluciones judiciales.

Ya en mayo del 2005 con una extraña y prefabricada declaración Lobo cambia su indagatoria  y habla de acuerdos previos a la contratación para buscar agravar la acusación en mi contra. Claro también lo afectaba a él ese delito más serio, pero esa declaración era la base de un procedimiento abreviado negociado con el Ministerio Público que luego se convirtió en un ilegitimo criterio de oportunidad y que le han dado impunidad.

El tiempo transcurría sin que se diera siquiera la acusación formal y cuando llegamos a los 1000 días de esta tortuosa tramitación un gran número de ciudadanos pidió al Poder Judicial que se cumpliese con la obligación de justicia pronta y se presentase la acusación o se desestimase  la investigación en mi contra.

Durante todo ese tiempo sufrí múltiples limitaciones y denegatorias a mi derecho de defensa. No se permitió a mis abogados acompañarme a la hora de la detención, se nos ocultó material en poder del Ministerio Público al momento de la indagatoria, se les impidió a los defensores participar en diligencias investigativas a las que habían solicitado ser convocados, se excluyo de los legajos de investigación enorme cantidad de documentos en poder del Ministerio Público a la hora de mi indagatoria, y  en muchos casos solo se incluyeron años más tarde esos documentos y muchos otras obtenidos a lo largo de la tardada investigación.

Y finalmente llegamos a la Audiencia preliminar. 1424 días después de mi regreso al fin un Juez de la República vería nuestro caso. Y claro que salimos llenos de esperanza de ese primer conocimiento del fondo del caso por un juez. Se sobreseyó uno de los cargos en mi contra. Se eliminó prueba ilegal.  Se desecharon 3 acusaciones de enriquecimiento ilícito, desapareció la acusación de cohecho impropio y los cargos quedaron, reducidos de seis a dos de enriquecimiento ilícito que estaban además claramente prescritos. Pero además la resolución del juez de la etapa intermedia nos dio la razón sobre la existencia de las graves violaciones al debido proceso que reclamamos y concluyó : a) Respecto al excesivo tiempo de trámite: "el tiempo transcurrido no resulta ideal" y "que debieron adoptarse las medidas para procurar una tramitación más ágil"; b) respecto a la violación del secreto del procedimiento preliminar: "es palpable que se han generado fugas de información del Ministerio público hacia los medios de comunicación"; c) respecto a la detención ilegal a mi llegada al aeropuerto: "el Ministerio Público no tenía autorización para realizarlo en aplicación de la referida orden judicial como en efecto lo realizó"; d) sobre la denegación al derecho de defensa que sufrí desde mi llegada y durante la investigación: "la afirmación corresponde al mérito de los autos"; e)sobre la exhibición pública degradante que de mí se hizo: "debemos reiterar que esto no debió haberse dado"; f)sobre el pretendido cambio de Lobo de autor principal a delincuente impune: "el Señor Lobo Solera reconoció en sus diferentes declaraciones la comisión de una serie de actos que bien podrían corresponder a conductas ilícitas, algunas ligadas a esta causa y otras realizadas de manera independiente; por lo que es obligación del Ministerio Publico investigarlas".

Lo más importante es que se desecha la acusación por cohecho impropio en razón de la atipicidad de los hechos. Dice el juez de la etapa intermedia: "Pero la más importante consecuencia de la distinción dogmática entre autor y partícipe es que la punibilidad del partícipe, aunque sea la misma que la del autor, depende o es accesoria de la del autor, que es la figura en torno al cual gira la configuración del tipo delictivo. Las ventajas de este sistema se ven con especial claridad en la distribución de responsabilidad que hay que hacer en los delitos especiales propios cuando en su realización interviene alguien que no tiene las cualidades exigidas en el tipo delictivo en cuestión para ser considerado autor en sentido estricto de dicho delito, como es el caso que nos ocupa. El autor de un delito es aquél a quien un tipo penal del catálogo señala como su realizador(cita a Villa Stein), o también puede ser visto como "aquel que ejecuta la acción que forma el núcleo del tipo de cada delito in species" (Cita a Jiménez de Astua).Esta condición significa, además, que el autor debe obrar con el dominio de la realización del hecho, que supone una acción típica y antijurídica como mínima: la sola realización de los elementos objetivos y subjetivos de la descripción típica fundamentan únicamente el título de "sujeto activo". Al decir de Jescheck, autor es "el que" anónimo con que empiezan la mayoría de descripciones típicas; el legislador parte del presupuesto de que el autor es quien realiza la totalidad de los elementos del tipo en su propia persona." Y más adelante agrega: "En el caso del imputado Rodríguez Echeverría no es posible ubicar en dicha persona las condiciones generales que permitirían adoptar los actos que fueron solicitados para la supuesta coima que expone el Ministerio Público, el referido señor no presentaba el dominio funcional del hecho (334-97 de las 10:10 horas del 18 de abril de 1997de la Sala Tercera), en la medida que la determinación debía ser adoptada por las personas que formaban parte de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ver en tal sentido ° 1427-2000 de las 10:00 horas del 15 de diciembre de 2000 de la Sala Tercera), tal y como lo expone el señor defensor. Si bien el señor Lobo Solera si presenta las características y condiciones para adoptar el supuesto ilícito, lo cierto es que el ejercicio de la acción penal se encuentra suspendido; lo que determina que eventualmente podría no ser nunca juzgado. En el supuesto que estuviera siendo juzgado el señor Lobo Solera, por el principio de comunicabilidad de las circunstancias, eventualmente se podría sostener que las condiciones personales de éste se le podrían trasladar el señor Rodríguez Echeverría(cita a carlos Chinchilla); eso sí, advirtiendo que si el requisito es el dominio funcional del acto, aún comunicando las circunstancias no es posible ubicar tal condición. Si la acusación hubiera indicado que Rodríguez Echeverría se aprovechó de su cargo, para presionar a los directivos (quienes por el principio de dirección política por más autonomía que gozara el ICE presentaban una obligación política de cumplimiento) sería viable sostener la condición de autoría, pero tampoco se configura ese escenario".  Y casi de inmediato analiza el auto de apertura a juicio la posibilidad de alguna de las figuras de complicidad para también descartarlas, haciendo evidente que de conformidad con la ley sustancial contenida en la Sección II del Título III del Código Penal y la teoría del delito, no es posible imputarme de acuerdo con los hechos de la acusación, y sin que yo los acepte, ninguna participación en una actividad de cohecho ni como autor, ni como cómplice en ninguna de sus figuras. Y concluye resolviendo el Juez de la etapa intermedia: "Por tanto se resuelve rechazar la solicitud de sobreseimiento por atipicidad planteada y en su lugar recalificar el supuesto delito investigado como enriquecimiento, conforme con el artículo 346 inciso 3 del Código Penal; lo anterior sin perjuicio de la calificación definitiva que en un eventual debate pueda otorgarle un Tribunal de Juicio." (resaltado ES del original).  Todas estas conclusiones  del auto de apertura juicio no fueron motivo de análisis  del voto de mayoría de la sentencia recurrida. Este tema referido a la Audiencia Preliminar y su relación con la sentencia es un argumento que no fue expuesto en mi recurso escrito, y se refiere directamente a los agravios recurridos.

Cinco años después de iniciar una investigación sobre mis pagos de impuestos de renta, Tributación Directa determinó que no había ningún dinero que yo hubiera recibido sobre el que no se hubieren pagado impuestos, y claro que no había entre los ingresos recibidos ni una referencia a pagos prevenientes de Alcatel. Esto se presento al juicio y  no ameritó ningún comentario del voto de mayoría. Esto no fue alegado en mi recurso escrito

Antes de hacer una breve mención de las contradicciones, falsas conclusiones, distorsión de los hechos, violaciones de las normas sustantivas y procesales, violaciones a las reglas de la lógica, la sicología,  la técnica y el sano juicio en la sentencia, me permito recordar las condiciones que han prevalecido sobre este asunto y en las cuales se llegó al juicio en el año 2010.

Es evidente y explicable la exposición pública de este evento que involucra a un ex presidente de la república. Lo que no es explicable ni aceptable es el clima condenatorio creado por las interacciones de funcionarios, políticos, el fiscal general Dall'Anese  y algunos medios de comunicación para crear un clima de total culpabilidad en mi contra. El circo, la prisión, las sirenas, las noticias, condicionaron la opinión pública y a la vez, el instinto subconsciente de preservar las instituciones e intereses propios, no podían dejar de afectar a las juezas que me juzgaron. Con el linchamiento de que fui víctima era evidente que el proceso penal que  venía a continuación  corría el riesgo de ser degradado y manipulado en sus fundamentos jurídicos, en todo cuanto fuese necesario para alcanzar el único resultado predeterminado aceptable en ese entorno de opinión pública: la imprescindible y ejemplarizante condena de este imputado. 

Es preciso  garantizar y tutelar el debido proceso sobre todo cuando las circunstancias prevalecientes en el contexto público son más adversas para el imputado, cuando la tensión entre las creencias y expectativas públicas -que alcanzan a permear a los mismos jueces y a dislocar su juicio-,  y las disposiciones procesales, incitan a una justicia refleja, que se exculpa a sí misma por desguarnecer la protección de los derechos del imputado debido a la necesidad popular de la condena.

Un acontecimiento con la dimensión mediática y política de un proceso penal en contra de un Expresidente de la República conlleva una inmensa carga emotiva que afecta las percepciones conscientes e inconscientes de los ciudadanos que a ella se ven expuestos. Esto fue mucho mayor en mi caso por la posición que detentaba en la OEA, y por el espectáculo de escarnio que se montó a mi regreso al país. Recuerdo con respeto a la señora y  los señores Jueces que la Sala Constitucional por resolución Nº 2006-17947 de diecisiete horas cuarenta y nueve minutos del doce de diciembre de dos mil seis condenó al Ministro de Seguridad Pública por esos hechos.

La prevención y cura de esa poderosa fuerza en contra de la justicia, consistía en el más absoluto apego a la ley sustancial y procesal. Pero las señoras juezas renunciaron a esa salvaguarda de la justicia al autoconsiderar que no eran  "la boca de la ley". ¿Cómo hacer entonces "justicia, pronta y cumplida y en estricta conformidad con las leyes"?

En el Estado de Derecho, el juez es la boca de la Constitución y de la ley: si así no fuera, el Estado de Derecho dejaría de ser lo que es, y las sentencias de los jueces cederían ante los editoriales de la prensa. La posición jurídica de los jueces como voceros de la Constitución y de la ley, la existencia de tribunales imparciales e independientes, son lo que puede garantizar, en último término, el respeto al ordenamiento jurídico y el imperio de la justicia. Empero, Las Señoras juezas  Rosaura  García  y Ileana Méndez, de previo a la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, en la sesión del 27 de abril de 2011, hacen algunas manifestaciones generales que inician diciendo: "Primero: Señalar que  no compartimos una noción tradicional del juez o la jueza que funge como boca de la ley." ¿Cómo se podría en esas circunstancias defender el debido proceso y la justicia? ¿De quién o de quiénes es entonces boca el voto mayoritario de la sentencia? ¿De la opinión pública que ha condenado? ¿De las señoras juezas? ¿Del prestigio de la institucionalidad ante los medios de comunicación?

Las señoras juezas con su afirmación confirman que no reconocieron la influencia que en sus decisiones tiene la condenatoria pública endilgada en mi contra por La Nación y en sus inicios Canal 7,  dos de los  medios de comunicación con más alta aceptación por la opinión pública, y por las declaraciones desde Octubre de 2004 del Presidente Abel Pacheco, el Fiscal General Francisco Dall´Anese, diputados de la Asamblea Legislativa y múltiples dirigentes de los partidos políticos. Que no reconocieron la influencia que en sus decisiones tiene la condenatoria de las encuestas publicadas durante siete años por los principales medios de comunicación. Al no reconocer esas influencias, y al mismo tiempo declararse liberadas de ser la boca de la ley, las señoras juezas son víctimas de prejuicios que vulneran gravemente  su objetividad. Así, sin necesariamente quererlo, se apartan del cumplimiento estricto del debido proceso, de la lógica y de la realidad de los hechos y llegan a una injusta condena cuando no hay hechos, ni pruebas, ni normas jurídicas para hacerlo. Este es mi agravio.

Claro que ser boca de la ley no es ser una computadora que da una respuesta automática. Se requiere interpretación del juez. Pero esa interpretación está enmarcada por la ley y es restrictiva la competencia para hacerla. No es interpretación de la opinión pública, ni de la consciencia, ni del interés institucional.

¿Cómo se refleja ese agravio en la sentencia? Mi recurso que los señores jueces han leído desarrolla esos temas, no con la sabiduría jurídica de los expertos penales, pero si con la claridad que me facilitan las burdas tergiversaciones que la sentencia contiene.

No para repetir y sin argumentar el caso, las voy a enunciar para brindar una visión de conjunto. En la argumentación jurídica, en la valoración intelectiva de las normas y de la prueba,  cedo y acudo ante Uds. señora y señores jueces ante las presentaciones de mis defensores, mi recurso escrito y sobre todo el conocimiento del tribunal.

Esa visión de conjunto está vinculada con mi argumento sobre el condicionamiento en el cual se emite ese voto mayoritario, pues solo de esa manera se puede explicar tantas violaciones al debido proceso, a la objetividad, a la sana crítica en una sentencia de juezas experimentadas de la República.

La  acusación que nos ocupa, con relación a los hechos acusados, se efectuó como cohecho impropio. El auto de apertura a juicio la enmarca como un posible enriquecimiento ilícito a sobreseer o probar en juicio. Al inicio del juicio el Ministerio Público cambia la acusación a cohecho propio y un año después en las conclusiones la volvió a cambia a instigación para un cohecho impropio. ¡Es evidente la dificultad de acusarme de algún delito con base en los hechos acusados,...claro, porque no hay delito,...   así como la dificultad de  ejercer la defensa técnica... cuando no se sabe de cual    delito se me tiene que defender!

La previa condena subconsciente en mi contra se refleja desde el mero inicio de la sentencia a partir de la cual se cambia el nombre del caso a "Contra: Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y otros". Lo cual solo ocurre a partir de la llegada de este asunto al Tribunal de Juicio 5 años después de su inicio. La única razón para  identificar con mi nombre la sentencia es el destaque político y mediático y no razón alguna jurídica, y eso refleja el ánimo de las señoras juezas. Esto es totalmente arbitrario tal como lo compruebo en mi recurso.

Los  hechos tenidos por ciertos en la sentencia que impugno son hechos relacionados  con lugar y fecha  que no se determinan, con reuniones que no se comprueban, con contenido de acuerdos que no tienen siquiera algún indicio independiente que los sustente, con determinaciones de corromper que se alega se dan en momentos en que serían contrarios a las más elementales reglas de la experiencia y el sentido común, con establecer motivos para pagos que no se verifican y más bien contradicen la evidencia documental, con pretender establecer  cadenas de movimientos de recursos que las pericias determinan se han interrumpido, con declarar pagos en efectivo como ciertos directamente en contra de las conclusiones de los propios peritos forenses del OIJ, con dejar de lado el origen de recursos que no son de Alcatel y darlos como de ese origen en contra de la pericia, con alegar que un comprobante de gasto en un tiquete de mediados del 2001 se usó para un viaje de un año antes. Así la sentencia viola las reglas de la sana crítica por ser contradictoria; contraria a la reglas de la lógica pues se fundamenta en relaciones no causales, o que no excluyen terceras causas posibles y más congruentes con otras pruebas; por dejar de lado según los dictámenes periciales las reglas de la experiencia bancaria y criminal; por ser contrarias al proceder normal de las personas según la sicología.

Sin fundamentación alguna se limita el caso de los contratos entre Alcatel y Servicios Notariales Q C a tener por único objetivo el pago de prebendas relacionadas con las cuatrocientas mil líneas celulares GSM cuando incluso contradictoriamente indica se usaron para contratos relacionados con telefonía fija. La propia sentencia señala que otro imputado recibió fondos relacionados con estos contratos por sus tareas en telefonía fija.

No reconoce el voto de mayoría -en casos en que los propios peritos de la acusación sí lo hacen- que ciertos recursos no provienen de Alcatel, y se atreven sin fundamento alguno y en clara contradicción con los documentos a dar por ciertas alegadas entregas de efectivo a mí, que los peritos señalan no se me puede atribuir haberlas recibido. Incluso llegan a afirmar sin base alguna: "Tanto las recepciones de dineros o certificados por parte de Lobo Solera como las entregas de certificados, cheques o dinero efectivo de Lobo Solera a Rodríguez Echeverría están plenamente comprobados con prueba documental de carácter bancario"¿Cuál prueba documental constata los falsos pagos en efectivo?

Cuando un movimiento de recursos puede tener muchas causas lícitas e ilícitas acepta la sentencia  a priori una de ellas sin fundamentación que les permita desechar las otras, lo cual rompe con los principios de la lógica violando las reglas de la sana crítica. Contra el propio dictamen de los peritos forenses la sentencia da por hechos los pagos en efectivo que absurdamente Lobo alega haberme dado.

Aceptan las señoras juezas  las afirmaciones infundadas de Lobo argumentando que han comprobado las otras afirmaciones de Lobo. Pero ¿cómo pueden decir  que  las afirmaciones de Lobo han sido confirmadas, cuando hay contradicciones de fondo en cuanto: a) al tiempo del acuerdo con Alcatel, si antes o después de la licitación; b) a las sumas entregadas ($370.000 en efectivo, primero, luego certificados de depósito de BICSA por $130.000) y después entregas de efectivo de $130.000 y $100.000; c) a que afirmó en la declaración del 8 de octubre de 2004 que había enviado una suma no determinada, por un medio no determinado, y en época no determinada a la sociedad Inversiones Dennise para luego aceptar que no lo hizo nunca; d) dijo que yo le había dictado la dirección ABA de Inversiones Dennise, y luego con exuberante imaginación  dijo que la copió de la pantalla de mi computadora; e) se atreve a decir que guardaba efectivo de origen desconocido en escondites de su casa por miles de dólares, él que según afirman los informes del OIJ en todas sus transacciones trata de poner el dinero a generar intereses de inmediato; f) no hay prueba alguna de los puntos centrales de su declaración como la reunión en La Casona, su llamada para concertar una reunión conmigo, la falsa reunión en mi casa; g) dice que abre la cuenta en el Saint George Bank para enviarle dinero a su hija que está estudiando en los Estados Unidos, y ya ella había terminado sus estudios; h)se contradice diciendo que en la reunión en La Casona no se habló de monto solo de porcentaje porque no se sabía el volumen envuelto, y dice que al día siguiente en la supuesta reunión en mi casa me indicó que el monto era entre uno y medio y dos millones de dólares?

Las señoras juezas no toman en cuenta que los mismos peritos forenses reconocen en sus declaraciones las graves limitaciones de sus informes, señalando que no cotejaron ni verificaron las informaciones  en casos de inconsistencias de fechas, horas de transacciones, papelería de bancos, firmas de clientes, constitución y liquidación de certificados de inversión, pues confiaron totalmente en lo que les dijeron los bancos. Eso a pesar de que durante el debate quedó claramente establecida una serie de indicios sospechosos sobre las actuaciones del Banco Cuscatlán introducidos incluso por la fiscalía. Extrañamente el conocimiento de esas circunstancias no llevó a la fiscala a investigar si se estaban violando las leyes de legitimación de capitales. Tampoco los peritos forenses se molestaron en hacer averiguaciones al respecto.  ¿No debe llamar la atención que no se investigaran estas posibles irregularidades del Banco Cuscatlán, del Cuscatlán International Bank y del Grupo Cuscatlán, o que al menos se comunicaran a la SUGEF? ¿No debería llamar la atención que movimientos de más de quince millones de dólares hayan ingresado a las cuentas de Servicios Notariales Q C  sin que esas entidades financieras buscaran mayores justificaciones? Al igual que en el caso de Lobo ni el OIJ investiga, ni el Ministerio Público pide investigar, ni las señoras juezas analizan.

A pesar de que las señoras juezas reconocen que no se puede dar carácter de prueba a la declaración del imputado confeso y colaborador Lobo si no media prueba independiente de su dicho, le dan valor de prueba a ese dicho sin respaldo alguno y en temas centrales de la acusación. Así lo hacen respecto a las supuestas reuniones en La Casona y en mi casa de habitación y a su contenido, y se alega que en esas reuniones se acuerda y consuma el presunto delito. Alegan base documental para su dicho las señoras juezas, y solo se trata de movimientos migratorios que permiten indicar que Lobo, personeros de Alcatel y yo estábamos en el país en una fecha: ¿cómo puede ser el hecho de que varias personas estén en el país en una fecha prueba de que se reunieron?

Por otra parte Lobo insiste que a la reunión en La Casona Sapsizian llega con maletas porque va de salida del país y por eso se reúnen cerca del aeropuerto. Pero las señoras juezas no  toman en cuenta que la fecha que ellas fijan para esa reunión porque todos estamos en el país, el 2 de diciembre, no hay salidas en migración de Sapsizian.

Solicito expresamente al Tribunal reconsiderar su rechazo a la prueba 30 ofrecida en mi recurso y que es testimonio de la señora  Margarita Torres Rivera con pasaporte nicaragüense No C847525, mayor, casada, servidora doméstica con residencia en Maryland Estados Unidos de América quien trabajaba en mi casa al tiempo de la supuesta reunión con Lobo y se referirá a ese tema y como Lobo Solera nunca me visitó en los últimos meses  del año 2000 en mi casa de habitación un día domingo. No supe del paradero de la Sra. Torres hasta que tuvimos contacto  con motivo de la sentencia recurrida.

Para tratar de dar credibilidad a Lobo respecto a las reuniones en La Casona y en mi casa, que son la base para mi culpabilidad por instigarlo, afirman que: a) los pagos posteriores confirman la instigación, lo cual evidentemente no se sigue pues bien pueden ser los giros (aceptándolos como reales solo para argumentar) créditos, donaciones sin contraprestación, enriquecimiento ilícito, pagos por hecho consumado, pagos por deudas anteriores etc. Su existencia per se nada prueba respecto a la naturaleza de un posible delito. Es la culpabilidad lo que se debe probar, no la inocencia. Si se siguen las leyes de la lógica, cuando un suceso puede haber sido producido por diversas causas, no es posible tomar una sola de ellas y sin más excluir las otras; b)  había un plan delictivo de Alcatel y eso apoya las afirmaciones de Lobo pero ¿la existencia o no de un plan delictivo de Alcatel qué prueba respecto a la participación del Presidente como instigador? Evidentemente nada.; y c)  Lobo vota la adjudicación de las 400.000 líneas y ¿qué prueba eso sobre mi presunta participación? Evidentemente nada.

Vale la pena recalcar  que el propio Lobo al menos en tres ocasiones  declara en el juicio que el ya había aceptado en principio la oferta de Alcatel: ver sus declaraciones del 8 de setiembre  a las 15 horas, 41 minutos y 40 segundos, del 9 de setiembre a las 8 horas y 11 minutos y del 9 de setiembre a las 13 horas 45 minutos todas de 2010 en el contradictorio del juicio cuya sentencia apelo. ¿Cómo puede ser instigado quien ya ha consumado el delito al aceptar la promesa corruptora?

Lo que él haya reflexionado al llegar a su casa por su propia naturaleza es y solo puede ser declaración de Lobo sin soporte alguno. No tiene más soporte que la declaración del imputado colaborador Lobo.  El propio auto de apertura a juicio como ya recordé, señala la atipicidad de adjudicar a mis actos, según los describe la propia acusación y sin que yo los acepte, la calificación de cohecho ni como autor ni como cómplice.

En todo caso lo que él afirma que reflexionó es que podría necesitar ayuda para cumplir con su plan, no que necesitara convencimiento, y todos los testigos y el propio Lobo fueron contestes en que nunca le pedí a ningún director o funcionario del ICE nada con respecto a la licitación de las 400.000 líneas celulares GSM, ni respecto a ninguna otra compra ni contrato. Es más Lobo nunca afirma haberme siquiera informado en la falsa reunión de los pretendidos compromisos suyos con Alcatel, y menos haberme dicho que necesitaría ayuda mía para cumplirlos.

Específicamente señala el Juez Camacho Morales: "No existe una sola prueba válida y directa de la existencia de las promesas de dádiva y las aceptaciones respectivas, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se describen en la acusación y tampoco existe una sola prueba directa o indirecta de que los supuestos ofrecimientos y aceptaciones respectivas de dádivas que describe la acusación hubieran sucedido a finales del año 2000 y principios del año 2001. Tal circunstancia pretendió demostrarla el Ministerio Público únicamente a partir de la declaración de Lobo Solera, que como ya ha sido ampliamente analizado en este voto salvado, es prueba ilícita y en todo caso, si no lo fuera, sería insuficiente para acreditar dicho extremo de la acusación en el tanto la declaración de un imputado con promesa de impunidad al amparo de un criterio de oportunidad, carece de fuerza probatoria para acreditar por sí misma cualquier extremo fáctico, debiendo ser corroborado el dicho del declarante por otras pruebas ... lo cual no sucede."

El voto de absolutoria del Juez Camacho Morales encuentra su primer fundamente en la condición de ilegal de la prueba 588 que da origen al caso ICE Alcatel, y que fue recibida sin orden judicial en clara violación del ordenamiento constitucional y legal. Es una situación igual a la de otra prueba también traída de Panamá y declarada ilegal unánimemente por el mismo Tribunal Penal en este juicio mediante resolución de las ocho horas del catorce de mayo de dos mil diez, por haberse obviado ese requisito fundamental  de la orden judicial.

Además y como si fuera poco, la invalidez de esta prueba la decretó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dos semanas después de la emisión de la sentencia que apelo, en la Casación del Juicio Caja-Fischel, que  se refiere no solo a la misma prueba, sino también a otro caso en que como en el presente se le quiso dar valor sin autorización judicial por la autorización de Walter Reiche.

Por otra parte el voto absolutorio señala que el criterio de oportunidad a Lobo estuvo mal otorgado y mal aprobado por la autoridad judicial, y que por lo tanto su declaración no es de recibo,  lo cual argumenta con un detallado y bien fundamentado análisis.

Es evidente que  respecto a la prescripción no cabe  aplicarme  el inciso a) del  artículo 62 de la ley Nº 8422 de 6 de octubre de 2004, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que elimina la reducción del plazo a la mitad establecido por el numeral 33 del Código Procesal Penal que opera con la indagatoria. Como dicha norma entró en vigencia el 29 de octubre de 2004, y mi primera imputación formal se dio con la declaración del 15 de octubre de 2004,  es totalmente contraria a derecho cualquier  pretensión en ese sentido, porque mi indagatoria surtió sus efectos al amparo de la ley vigente en su  momento, y no puede ser modificado ese efecto por una ley posterior, porque ello implicaría una aplicación retroactiva en mi perjuicio violando el artículo 34 de la Constitución. Es más llevaría a aplicarme ilegalmente una ley que lleva nombres y apellidos y se dio al inicio de estos procesos contra "algunos" ex presidentes de la república. Este es tema de enorme importancia que corresponde a los señores miembros del Tribunal determinar incluso de oficio en el caso de que la tipicidad de algún delito de hasta 3 años de pena pudiera aplicarse.

La sentencia en su voto de mayoría también  demuestra la influencia externa pues de nuevo se me limito el ejercicio de mi defensa. La Procuraduría General de la República  ofreció como prueba el Informe sobre la "Evaluación del Daño Social por casos de corrupción en Costa Rica: caso ICE-ALCATEL" presentado por Gerardo Barrantes Moreno a quien también se ofreció  como perito. Ese tema versa sobre aspectos económicos, financieros y contables.  Mi defensor Lic. Rafael Gairaud Salazar solicitó al tribunal se me permitiera a mí personalmente y en su lugar ejercer mi defensa material interrogando al testigo. La solicitud resultaba natural dada mi especialidad profesional por lo que mis abogados y yo prefiriéramos que  en ejercicio de la defensa material yo condujera el interrogatorio sobre esos temas. El Tribunal me negó el ejercicio de mi derecho y mi defensa hizo reserva de casación.

Y por si fuera poco la  Jueza Rosaura García fue traída de la Escuela Judicial para presidir el Tribunal que conoció la sentencia que apelo. Luego, apenas termina este debate, vuelve a la Escuela Judicial de manera anticipada al tiempo que se le había señalado para volver. Ya de vuelta en funciones en la Escuela Judicial, y pesar de ya no estar, al menos temporalmente, en el Tribunal Penal del II Circuito de San José,  sigue volviendo al mismo solo para participar en instancias de este proceso. Por otra parte el Juez Jorge Camacho  que se traslada a otra sede judicial no participa ni siquiera en una instancia de resolución de solicitud de aclaración y adición en la cual si participa la jueza Rosaura García. Esta es clara violación al derecho a un juez natural, a no ser juzgado por un tribunal especialmente escogido para el caso.

De esta manera con un proceso contaminado desde su origen, con una persecución mediática, y una sentencia que no es la boca de la ley se concluye en aplicarme el máximo de una pena que no corresponde como instigador de un delito cuyo actor goza de impunidad absoluta y a quien no se le investigan otros muy graves delitos de los que obtiene también impunidad  por no investigación del Ministerio Público y sin que los cubra un criterio de oportunidad.

Señora y señores jueces

He querido que los hechos y las leyes hablen, y no mis sentimientos. Uds. tienen la autoridad, la capacidad jurídica, la inteligencia y la independencia para resolver. No he realizado una exposición de calidad técnica ni una exposición emotiva. Les he presentado con sencillez hechos y normas. Los hechos realmente probados y las normas debidamente establecidas determinan la justicia.

Si este fuese el caso de Juan Vainas y Uds. lo sobreseerían, les pido con humildad y vehemencia que igual hagan conmigo. Les solicito por el bien de nuestro estado de derecho abstraerse de la condena mediática y actuar como boca de la ley.