Ricardo Salas B.

Los costarricenses estamos muy conscientes que las ventajas esenciales de nuestro país se encuentran en su tradición de legalidad y respeto irrestricto al Estado de Derecho. Pero, paradójicamente, permitimos impávidos que esa tradición se violente ante nuestros ojos, y no solo lo permitimos, sino que en muchos casos lo aplaudimos.
Todo ciudadano debe responder por sus actos. Y hay una serie de procedimientos cruciales para ese proceso. El derecho a la defensa, a la presunción de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad y a recibir un juicio justo, forma parte de esos derechos que queremos y de los que blasonamos ante propios y extraños.

Como todo ciudadano costarricense, por encima de su condición de ex presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría debe responder por sus acciones y también tener esos derechos. Pero en Costa Rica algunos medios de comunicación se han convertido en tribunales y asistimos al quebranto de esta tradición, de este derecho a un juicio justo.

Por ejemplo, el Código Procesal Penal prohíbe la divulgación del contenido de los expedientes, tales como las declaraciones de los imputados o de los testigos ante la Fiscalía. Empero, lejos de mantenerse en reserva tales documentos, que sólo pueden ser consultados por las partes y sus abogados, algunos medios de comunicación costarricense habían venido publicando, casi el mismo día, y en lo que se parece demasiado a una estrategia planificada, lo que habían declarado los imputados o los testigos.

Esta situación se volvió tan evidente que el presidente del Colegio de Abogados, Gilberto Corella, manifestó: “...no es sano que la información de los expedientes circule desmedidamente, de forma tal que los periodistas puedan hacer uso inmoderado, incluso inadecuado de ella, pues podría obstaculizarse las investigaciones, influir en la parcialidad de los juzgadores y aplicadores del derecho y convertir asuntos tan delicados en un circo social y político que definitivamente influiría negativamente en la aplicación correcta de la justicia”. Tomado de La Prensa Libre del 18 de enero de 2005 (el resaltado es nuestro)

Claro que la prensa hace bien en dar a conocer e informar sobre los presuntos actos de corrupción, pero en el camino se han producido abusos y atropellos que no son aceptables.

En la premura por obtener la noticia se ha promovido un tratamiento inadecuado y excesivo de lo que acontece. Se ha buscando incluso orientar la información hacia un determinado objetivo de inculpar a inocentes. El hecho de obtener actas y declaraciones judiciales de testigos de manera inmediata nos demuestra que hay de por sí algún mecanismo inadecuado y nos hace sospechar de malintencionadas motivaciones ocultas.

Ante esta grave situación, el Ex Presidente Rodríguez envió, llamémosle así, un “clamor formal”, ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la intervención de quienes deben velar por la aplicación de Justicia en nuestro Estado de Derecho, en torno al tratamiento que sufrió durante su detención en el aeropuerto Santamaría (por cierto, ilegal e innecesaria puesto que venía por su propia voluntad a enfrentar los cuestionamientos en su contra) y sobre la fuga de información de su expediente; aspectos que, desde su punto de vista, el nuestro, y el de cualquiera que analice el tema con la ley en la mano, afectan su derecho a la presunción de inocencia.

A raíz de las quejas que presentó el ex presidente Rodríguez en la Corte Suprema de Justicia, se ordenó hacer una investigación sobre las filtraciones indebidas y la Inspección Judicial envió algunos agentes a los medios para interrogar a los periodistas.

La reacción del jefe de redacción del Diario La Nación, Armando González, fue: “Amén del papel que hace al perseguir periodistas para que le cuenten lo que ocurre en sus propias narices, la Inspección Judicial debe estudiar con detenimiento la legalidad de esos interrogatorios que, a la luz del derecho internacional, podrían llegar a caracterizarse como un hostigamiento violatorio de la libertad de expresión…

Ese comentario, punzante para aquellos que buscan el respeto a la legalidad y que nos da una idea de la línea de este Diario, fue contestado por el presidente a.i. del Tribunal de la Inspección Judicial, en términos muy categóricos.

Dijo Rodrigo Flores Garrido: “… el artículo 203 del Código Penal tipifica el delito de divulgación de secretos, cuando puedan causar daño y se revelan sin justa causa. Según esa disposición, el legislador también estableció, en el inciso 2) del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la prohibición a los servidores judiciales de suministrar datos, mostrar expedientes, documentos u otras piezas a quienes no estén autorizados, bajo pena de destitución.

Desde luego, la prohibición va dirigida no a impedir el derecho de información que tiene la ciudadanía, sino a salvaguardar la confidencialidad de los asuntos que no están destinados a ventilarse públicamente, como un derecho constitucional a la privacidad y a un debido proceso
”. Tomado del diario La Nación del 19 de febrero (el resaltado es nuestro)..

Pero pareciera que ante atropellos como los comentados seguimos impávidos, ahora con otras preocupaciones para los próximos tres días que según el decir de un difunto Ex Presidente duraba nuestra atención, permitiendo que en Costa Rica se juzgue sin juez, por fuera del Poder Judicial. Permitiendo que una persona haya tenido que sufrir mas de un año de prisión y otros maltratos, sin tan siquiera haber sido formalmente acusado de algún posible delito.

Hoy es Miguel Ángel Rodríguez, quien públicamente sufre esta situación, pero es bueno recordar que mañana podría ser usted, o su padre o su esposa, o yo, para quien el sistema no funcionara según las reglas que entre todos hemos acordado. Por eso es tan importante pensar por un minuto en estas violaciones, y no callar ante ellas, sino exigir respeto a los procedimientos legales que han hecho diferente a Costa Rica.