Publicamos un corto ensayo del Ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez titulado "Mala Fe y error en los procesos penales", reflexionando sobre las enseñanzas que deja para el caso costarricense el artículo "Con mala intención" (The Presence of Malice") divulgado por el diario New York Times el 2 de agosto de 2007 y que Juicio Justo difundió oportunamente:

 

 

Miguel Ángel Rodríguez E.

 


El artículo de Richard Moran publicado recientemente en el New York Times (clic aquí), nos golpea en nuestras percepciones sobre el sistema de justicia cuando señala: “El estudio que concluí recientemente sobre las 124 exoneraciones a prisioneros condenados a muerte en los Estados Unidos de 1973 a 2007 indicó que 80, o aproximadamente dos tercios de sus llamadas “condenas injustas” no fueron producto de equivocaciones o errores de buena fe, sino de acusaciones intencionales, deliberadas y malévolas por parte del personal de la justicia criminal. (Hubo cuatro casos en los que no se pudo arribar a  una decisión.)”


Esta conclusión es similar a la que indica John Grisham en su reciente obra The Innocent Man, en la cual describe un hecho real de condena a muerte en contra de una persona inocente, generada de mala fe. En la nota explicativa del autor que remata ese libro, Grisham nos advierte que las condenas injustas no son un hecho peculiar del caso en Oklahoma que su obra narra. “Condenas injustas – nos dice- ocurren cada mes en cada Estado del país (Estados Unidos) y son varias y siempre las mismas las razones: policía mala, ciencia chatarra, falsa identificación de testigos, defensores  malos, fiscales perezosos, fiscales prepotentes.”
   
Claro que esas condenas dolosas y las equivocaciones son especialmente groseras cuando la pena de muerte hace imposible  enmendar el error. Pero en todos los casos deben movernos  a actuar siempre en defensa del estado de derecho y del debido proceso.

Es esencial, en primer lugar, ser rigurosos en la defensa de un procedimiento penal que respete las normas que la experiencia nos ha ido demostrando que protegen a los inocentes. Es además indispensable ser cautelosos y rigurosos en la selección de las personas que tienen a su cargo la aplicación de esas normas, especialmente quienes más poder tienen, como es en nuestro caso el Fiscal General después de la errada reforma procesal de 1996. Pero es imprescindible, en tercer lugar que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal y la Sala Constitucional estén siempre dispuestas a revisar minuciosamente los procedimientos aplicados y a ser rigurosas en la defensa de los derechos humanos.

No basta con reformar el proceso penal, aunque sea necesario e indispensable hacerlo para eliminar la conducción de la investigación por el Ministerio Público, fijar plazos, aclarar los trámites de apelaciones, regular muy restrictivamente los criterios de oportunidad y la aplicación de las medidas cautelares. Tampoco basta con seleccionar adecuadamente al Jefe del Ministerio Público. Se requiere la plena vigencia de las garantías constitucionales de defensa de los derechos humanos.