Tomado del diario La Nación, del 10 de febrero de 2005

AP.

San José . La Corte Suprema de Justicia aprobó crear una comisión que investigará el desempeño de las autoridades judiciales en el proceso al expresidente costarricense y ex secretario general de la OEA, Miguel Angel Rodríguez.

Rodríguez solicitó el estudio a la Corte, ellos pasaron el asunto al Fiscal General y él a su vez consideró mejor conformar un grupo, idea que fue acogida por los magistrados el lunes, dijo el jueves a la AP el jefe de prensa del poder judicial, Fabián Barrantes.

Agregó que la Corte aprobó la creación el lunes y recordó que la investigación fue solicitada por el propio ex mandatario en noviembre.

La comisión estará formada por el fiscal Francisco DallAnese, el director del Organismo de Investigación Judicial, el presidente de Inspección Judicial y será coordinada por el magistrado Rodrigo Castro.

El objetivo será indagar los procedimientos utilizados en el arresto el 15 de octubre pasado y traslados de Rodríguez (1998-2002), así como la presunta fuga de información sobre su caso.

El ex gobernante, de 65 años, es sospechoso por los delitos de cohecho (recibo de dádivas por parte de un funcionario público), enriquecimiento ilícito y corrupción agravada en relación a un aparente pago que recibió por la empresa Alcatel.

En sus notas remitidas a Luis Paulino Mora, presidente de la Corte y a Luis Fernando Solano, presidente de la Sala Constitucional, Rodríguez se quejó por la forma en que se realizan los traslados internos de los reclusos y la presunta violación a los derechos humanos.

Entre otros aspectos denunció que el día de su arresto en el aeropuerto Juan Santamaría, no se permitió la presencia de su abogado, se permitió el acceso de la prensa a zonas restringidas y le colocaron esposas, lo que a su juicio violó la presunción de inocencia.

Otro de sus llamados tiene que ver con la aparente fuga de información que manejaba la Fiscalía, pues las declaraciones dadas en audiencias privadas estaban en manos de la prensa minutos después.

La petición del ex mandatario fue apoyada además por el Colegio de Abogados.