Tratar con justicia a los demás es un elemento esencial en la conducta de todas las personas de buena voluntad. Tal ha sido la proposición fundamental que ha guiado siempre a la sociedad costarricense en nuestra lucha por labrar un país mejor.

En procura de ese objetivo sagrado, hemos fundamentado siempre nuestras acciones en el imperio de la ley, como instrumento en la búsqueda de la justicia.

Porque estamos conscientes de su papel central para construir una sociedad mejor y más justa, todos compartimos la convicción de que nadie está por encima de la ley, por ningún motivo y sin ninguna distinción.

La ley debe aplicarse al poderoso y al débil, al amigo y al desconocido, al acusador y al acusado, a todos.

Esto implica que así como nadie está por encima de la ley, tampoco nadie está por fuera o por debajo de la ley.

Del mismo modo que todos tenemos que respetarla, todos debemos estar protegidos por ella. Porque así como impone deberes la ley también establece derechos, que son sagrados y nos protegen a todos de la arbitrariedad y de la injusticia.

Puesto que solo nuestro Creador es infalible, la justicia demanda equilibrio. Es por ello que la ley contiene principios y procedimientos que son esenciales para evitar injusticias, como son la presunción de inocencia y el derecho a defenderse de toda acusación.

Todos podemos tener nuestra posición personal frente a un caso, a partir de los pocos datos que conocemos o que nos cuentan de ese caso concreto. Pero no por eso debemos olvidar que las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y que esto solo puede hacerse en un juicio y de acuerdo con los procedimientos y garantías que la ley establece para que los acusados se defiendan y sean oídos.

Si los acusados no tienen pleno derecho a defenderse, si su defensa no es escuchada, si los jueces no evalúan las pruebas de acuerdo con lo establecido en la ley y sin estar sujetos a presiones indebidas, entonces no puede haber justicia.

¿Quién de nosotros querría ser juzgado si no nos dieran derecho real a defendernos ni la oportunidad de que los jueces resuelvan objetivamente, de acuerdo con lo que sea probado en el juicio y lo que indica la ley?

Miguel Ángel Rodríguez enfrenta cargos legales en su contra. Debe enfrentarlos, esa es la ley. Para hacerles frente, regresó voluntariamente al país, como reconocen todas las personas de buena fe. Y tiene, como todos lo tenemos, el derecho a defenderse de esos cargos y a que los tribunales valoren, con independencia y sin presiones de ninguna índole, sus argumentos de defensa. Esa es la ley, también. Pero algunos quieren usar el poder que tienen para negarle ese derecho, aunque se cuidan mucho de decirlo abiertamente y lo disfrazan con pretextos elegantes –cual lobos con piel de oveja-, porque saben que las personas de buena fe jamás aceptarían que se violente la ley y se cometa una injusticia, en ese caso o en cualquier otro.

Miguel Ángel Rodríguez tiene derecho a un juicio justo. Ni más ni menos que cualquier otro costarricense. Esa es nuestra convicción. Esa es la convicción de cualquier persona de buena fe. Y toda la información que encontrará aquí tiene ese único propósito: que haya un juicio justo.