"Durante los últimos años, cada vez más imputados han resultado absueltos por yerros en la tramitación de los procesos penales. Un exjuez y un exfiscal, condenados por prevaricato en sentencia de un tribunal, quedaron libres porque la fiscalía los había acusado por delitos menos graves y, consiguientemente, de menor tiempo de prescripción, lo que luego obligó a la Sala Tercera a declarar prescrita la causa. Una mujer denunciada por ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutica, y por haber recetado un medicamento que dejó ciego a un niño, fue absuelta por prescripción y falta de justificación del delito", señala este editorial del diario La Nación del 26 de noviembre de 2006:
 

 

EDITORIAL

La justicia en riesgo


Diversas fallas en los procesos penales demandan una revisión integral en la materia
¿Mala preparación de jueces y fiscales? ¿Leyes defectuosas? ¿Insuficiencia de recursos? Estas y otras interrogantes exigen respuesta y soluciones


Durante los últimos años, cada vez más imputados han resultado absueltos por yerros en la tramitación de los procesos penales. Un exjuez y un exfiscal, condenados por prevaricato en sentencia de un tribunal, quedaron libres porque la fiscalía los había acusado por delitos menos graves y, consiguientemente, de menor tiempo de prescripción, lo que luego obligó a la Sala Tercera a declarar prescrita la causa. Una mujer denunciada por ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutica, y por haber recetado un medicamento que dejó ciego a un niño, fue absuelta por prescripción y falta de justificación del delito.

La condena de cuatro exfuncionarios de la Dirección General de Aviación Civil fue anulada por la Sala Tercera. En los últimos tres años, 70 acusados por narcotráfico han quedado libres por errores en la manipulación de las pruebas, los allanamientos y la presentación de las acusaciones, según informaciones tomadas del periódico Al Día.

Todos los acusados por el asesinato de la periodista Ivannia Mora fueron absueltos debido a la incorrecta obtención de las pruebas principales, de acuerdo con el criterio del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de San José, sujeto a lo que posteriormente se decida en casación.

¿A qué se debe esta situación? ¿Mala preparación de jueces y fiscales? ¿Leyes defectuosas? ¿Insuficiencia de recursos? De todo un poco. La Escuela Judicial, pese a tener a mano los recursos del préstamo del BID, aprobado desde 1995, no desarrolló un verdadero programa de formación inicial de jueces, como el que existe en muchos países, donde los candidatos a juez están obligados a formarse en la práctica durante un año al menos, previamente a cualquier clase de nombramiento, incluso interino.

Una etapa intermedia del proceso penal incumple la función asignada en la teoría: servir de filtro para evitar que se eleven a juicio causas en las que la prueba recabada no ofrezca garantías suficientes para atribuir el delito al acusado, como se ha advertido de manera expresa en las últimas ponencias del informe Estado de la nación.

El procedimiento penal, si bien se basa en el juicio oral, con los indudables beneficios que ello implica, requiere un estudio técnico serio a fin de analizar cómo resguardar los principios fundamentales de inmediación, concentración y continuidad en audiencias orales que abarcan todo un día y se extienden por meses.

El amplio uso de los criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal pública ha degenerado en la consolidación de franjas reales de impunidad, a pesar de que la comisión de los grandes delitos comienza por los pequeños y de que, por ejemplo, el hurto de una bicicleta significa para el humilde campesino la pérdida de su único medio de locomoción.

Se da la lamentable carencia de una ley especial para la protección de víctimas, testigos y personas en situación de riesgo, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial, no obstante que es indispensable evitar la violación de sus derechos e integridad física, y que se debe garantizar la eficacia del juzgamiento, máxime cuando las nuevas modalidades de delincuencia (sicariato, tráfico de droga a gran escala, bajonazos violentos) implican una agresividad y un refinamiento nunca antes vividos en el país.

La asignación al Poder Judicial de una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, aun cuando en la práctica alcanza alrededor del 7%, resulta claramente insuficiente, por cuanto a ese Poder, además de los jueces, en el transcurso de la historia se le ha impuesto la carga de soportar financieramente a órganos no jurisdiccionales (Defensa Pública, Ministerio Público y OIJ), que consumen cerca del 40% de su presupuesto, sin que a cambio se le hubiesen transferido los recursos correspondientes.

La situación es, sin duda, crítica. Hablamos de que en el 2005 la duración en promedio de los expedientes penales resueltos mediante sentencia dictada por un tribunal fue de 22 meses y 3 semanas, es decir, casi 2 meses más que en el año anterior.

Solventar esta situación es una responsabilidad compartida de los Poderes Públicos. El Poder Judicial debe agilizar la ejecución de las promesas expuestas en el documento "Acuerdos sobre reforma judicial", hace más de un año. La Asamblea Legislativa, en particular la Comisión de Asuntos Jurídicos, está en la obligación de analizar con profundidad las enmiendas que requiere el proceso penal, así como crear instrumentos jurídicos idóneos para proteger a las víctimas y a los testigos. El Poder Ejecutivo, a pesar de las limitaciones actuales, debe procurar la mejor administración posible de sus recursos, con el propósito de que tanto el Poder Judicial como otras entidades reciban los recursos indispensables para cumplir con sus fines públicos, sin que ello redunde en un desenfrenado endeudamiento estatal. La confianza ciudadana en la justicia, pilar de nuestra democracia, lo necesita y exige.