"Esta negligencia o impericia por parte del Ministerio Público en sus actuaciones dentro del marco legal referenciado y tutelado por el Código Procesal Penal, es fácilmente atribuible a un afán perseguidor protagónico de esos que generan buena prensa pero que, según lo ha evidenciado en detalle la ponencia del investigador Emilio Solana Río, no cumple", expresó el columnista Pedro Oller en el diario La República del 21 de noviembre de 2006. A continuación ese artículo:
Pedro Oller


11/21/2006

La segunda parte de este artículo pretende ser una referencia para analizar la pretensión del Fiscal General, a cargo del Ministerio Público, de previo a girarle un cheque en blanco de apoyo en razón de la figura pública que se ha erguido.

La Ley Orgánica del Ministerio Público es un documento que asigna las responsabilidades y obligaciones de la Fiscalía. Con meridiana claridad de su articulado se desprenden entre otros los siguientes encargos:

"El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública (...)" (Artículo 2).

"Son deberes y atribuciones del Fiscal General: a) Determinar la política general del Ministerio Público y los criterios para el ejercicio de la acción penal. b) Establecer la política general y las prioridades que deben orientar la investigación de los hechos delictivos. c) Impartir instrucciones, de carácter general o particular, respecto del servicio y ejercicio de las funciones del Ministerio Público y de los funcionarios y servidores a su cargo. (…)" (Artículo 25).

En complemento, el último Estado de la Nación —divulgado dichosamente en la semana que esta nota terminó de tomar cuerpo— señala: "Un factor que puede estar incidiendo en el aumento de expedientes en trámite en poder de los tribunales penales, es que la etapa intermedia no está cumpliendo con el rol que en teoría era de esperarse, en el sentido de que esta etapa sirviera de filtro para evitar que se eleven a juicio muchos casos donde la prueba recabada no ofrecía sufrientes garantías para atribuirse el delito al acusado".

Esta negligencia o impericia por parte del Ministerio Público en sus actuaciones dentro del marco legal referenciado y tutelado por el Código Procesal Penal, es fácilmente atribuible a un afán perseguidor protagónico de esos que generan buena prensa pero que, según lo ha evidenciado en detalle la ponencia del investigador Emilio Solana Río, no cumple.

Peor aún, concluye el investigador y en consecuencia el informe, que esta hipótesis puede verificarse al observar como el porcentaje de sentencias absolutorias que se han dictado en los últimos años viene en constante crecimiento, hasta el extremo de que en el 2005 representaron el 50% de estas resoluciones y por primera vez desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal en 1998 su número fue superior al de las condenatorias ( 3.147 vs. 3.144). ¿Ha satisfecho entonces el Ministerio Público con el encargo que la Ley le asigna bajo el mando del Fiscal General? Difícilmente podría alguien razonar afirmativamente.

Por ende, deben los señores diputados, ávidos también de buena publicidad y favorable opinión pública, valorar si el costo para el sistema de una gestión ineficaz por parte del señor Dall'Anesse le hace merecedor de una magistratura. Que por la víspera se saque el día, como arguye sin ningún otro fundamento, la fracción del PAC patrocinadora de su candidatura.