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Categoría: Artículos de prensa

Tomado del Diario Extra de fecha 8 de marzo de 2011.

 

 

 

• Eduardo Araya, abogado defensor en juicio ICE-Alcatel

 

MARCO LEANDRO
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FOTO: ROBERTO GONZÁLEZ

 

 

 

Eduardo Araya, uno de los abogados defensores del ex presidente, Miguel Ángel Rodríguez, inició ayer las conclusiones en el juicio ICE-Alcatel.

 

Eduardo Araya, uno de los abogados defensores del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo ayer ante los jueces del caso ICE-Alcatel que no hay ningún delito que perseguir contra su cliente y si lo hubo, ya prescribió por lo que solicitó su absolutoria.

 

Araya y el equipo de defensa de Rodríguez comenzaron ayer a emitir las conclusiones en este sonado caso, luego de casi 7 años de haber regresado al país en forma voluntaria, renunciando a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

El defensor inició sus alegatos haciendo referencia a la serie de lo que él considera violaciones al debido proceso en que incurrió la Fiscalía. Según él todo inició desde que Rodríguez arribó a suelo nacional, fue esposado y obligado a bajar las escaleras externas de la aeronave como si fuera un delincuente confeso, sin que por lo menos se le diera la oportunidad de defenderse en contra del principio constitucional de que el imputado es inocente hasta que se compruebe lo contrario.

 

LO EXHIBIERON CON LAS MANOS ESPOSADAS

 

 

 

“Lo bajaron y lo exhibieron en un show mediático como si ya fuera culpable. Fue un show montado por el Ministro de Seguridad de ese entonces (octubre de 2004) y el Presidente. Lo trasladaron en perrera a alta velocidad con patrullas, sirenas, pitoretas y hasta un helicóptero”, sostuvo Araya.

 

Agregó que la Fiscalía desobedeció a la jueza, Isabel Porras, quien ordenó que se le tratara con dignidad, no se le esposara y que se le trasladara cuando hubiera surtido efecto la renuncia de la Secretaría General de la OEA.

 

Explicó que lo presentaron como un hombre peligroso solo para las cámaras de televisión. Las fotografías le dieron la vuelta al mundo, en las que se le veía esposado. Era solo un show por cuanto apenas lo bajaron, se las quitaron.

 

“Ahí ya se violaron sus derechos. Hubo maltrato irracional y se le denigró. También se le negó hablar con su defensor. Se violó el principio de estado de inocencia. Esos actos degradantes y maltrato físico ya son calificados en todo el mundo como tortura”, dijo.

 

Luego hizo referencia a legislaciones sobre el debido proceso, como la Constitución Política y el Código Procesal Penal y que señalan que toda administración debe respetar la dignidad de una persona y que evidentemente no se hicieron respetar en el caso del ex Presidente.

 

Posteriormente Araya se refirió a la imputación y precisó que es derecho de un acusado ser informado sobre sus cargos por los cuales se le acusa.

 

 

 

LOBO CAMBIÓ 6 VECES DE VERSIÓN

 

 

 

La indagatoria se hizo el 15 de octubre de 2004, horas después de que el ex presidente fue llevado al calabozo y se le toma con base en la declaración rendida por José Antonio Lobo Solera, dos semanas antes.

 

En esa primera declaración Lobo afirmaba que después de que Alcatel ganó la licitación, fue contactado por esa empresa y se le comunicó que había un premio para él. Seguidamente -según Lobo- fue que contactó al ex Mandatario para comunicárselo, versión que ha sido cambiada en repetidas ocasiones por el hoy imputado confeso con acción penal suspendida. La diferencia está en que según las leyes, recibir una dádiva prometida para cometer un acto, es un delito, y recibirla sin la promesa, es otro. La primera es cohecho impropio que tiene una pena de varios años de prisión y la segunda es enriquecimiento ilícito con una pena de cárcel simbólica y que prescribe en poco tiempo.

 

Más adelante explicó que en esa indagatoria no se incluyeron los hechos por los que se acusa con las alegadas entregas de dinero de Lobo que no se mencionan en esa declaración. “Nunca se hizo una ampliatoria de la indagación para ponerlo en conocimiento de los nuevos hechos, lo que es una flagrante violación a los derechos del imputado. No se le dijo de qué se le acusaba realmente para que pudiera ejercer su defensa”, mencionó el abogado.

 

 

 

SE INDAGÓ POR UN DELITO Y AHORA SE LE ACUSA POR OTRO

 

 

 

En este punto, señaló que en esa misma noche, cuando el ex Presidente rindió su primera declaración, ni él ni su representante legal tuvieron acceso a toda la pieza acusatoria de la Fiscalía, ya que esta nunca fue proporcionada y por tanto no se pudo corroborar cuál era la prueba que existía en su contra y por consiguiente hay hechos de la acusación en los que Rodríguez no fue indagado. Cito en este campo que las actas que certifican el levantamiento bancario tampoco fueron incorporadas al expediente.

 

“El doctor Rodríguez nunca supo cuál era la acusación de la que fue objeto, el proceso quedó abierto para ir recalificando el delito, de acuerdo a las múltiples declaraciones de Lobo y es por eso que al final se le acusó de instigador, delito que no se encuentra descrito en ninguna parte de la acusación, pues por el contrario se describe a Lobo como actor principal de los hechos”, recalcó Araya.

 

Externó que la acusación describe hechos muy distintos a los que se le imputan al ex Mandatario, pues se refieren en todo momento al planeamiento y ejecución del acto ilícito, por parte de Lobo Solera, nunca se menciona una participación de Rodríguez Echeverría, así como tampoco establece un ligamen o relación con Alcatel.

 

“La pieza acusatoria tampoco describe las supuestas conductas de instigación, pues no hubo, y es más, no quedó certificado ni tan siquiera en las reiteradas declaraciones de Lobo Solera, lo que sí existe, es un afán desmedido del Ministerio Público por proteger a un imputado confeso y por perseguir a un ex Presidente”, puntualizó en su exposición el defensor.

 

Para él la acusación ofrecida por la Fiscalía se contradice, pues en parte de ella se muestra que la intensión de delinquir estuvo presente cuando se dio la reunión entre Lobo Solera y Cristian Sapsizián en el Restaurante La Casona en Alajuela. “Aquí no hay instigación por parte del doctor Rodríguez, quien recibió una promesa de pago y quien la recibió fue Lobo Solera”, enfatizó.

 

El defensor fue categórico en señalar que la “supuesta participación” que vincula a Rodríguez en el plan delictivo, se fundamenta en lo dicho por José Antonio Lobo sobre una reunión que habría tenido con el ex Mandatario, que fue recibida sin ser juramentado y por tanto sin obligación a decir la verdad. Ninguna declaración recibida en estas condiciones puede servir como prueba.

 

Además señaló que el término de “mayor reprochabilidad”, que utiliza el órgano acusador para calificar al ex Presidente no tiene fundamento jurídico y por el contrario infringe abiertamente el derecho de toda persona a que sea tratada de forma igualitaria. “Todos somos iguales ante la ley, pero la Fiscalía olvidó ese principio constitucional básico”, dijo.

 

Otra de las violaciones al debido proceso y que fue analizada y reprochada por el defensor fue la forma en que el Ministerio Público introdujo al debate las distintas pruebas bancarias. Indicó que estas fueron obtenidas sin orden judicial, tanto en Agentes Corredores de Bolsa (Acobo) como en el Banco Interfin.

 

“El secuestro se hizo sin amparo judicial, se violó el derecho de intimidad de mi representado y que claramente está establecido en la Constitución Política. Los plazos del secreto bancario deben ser respetados y se deben cumplir, la Fiscalía desacató el plazo que se les concedió y realizó el secuestro de la documentación dos semanas después”, agregó.

 

Seguidamente Araya se refirió al delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa al ex mandatario Rodríguez, relacionado con el recibo de dinero del gobierno de Taiwán. Señaló que la acusación del Ministerio Público describe la solicitud y obtención de un préstamo entre dos empresas privadas, y que esa conducta no se puede catalogar como delito, tal y como lo pretenden sentenciar, aun ante la carencia de sustento probatorio.

 

 

 

INVESTIGACIÓN DEFICIENTE Y SIN PRUEBAS

 

 

 

En este mismo sentido agregó que la prueba escrita son recibos emitidos que certifican que se trata de un crédito, no existiendo prueba alguna por parte de la Fiscalía que pueda señalar la operación como una dádiva.

 

Explicó que la legislación establece que no se puede sancionar a una persona por un delito que no se encuentra tipificado, es decir no hay delito sin ley y por tanto cualquier pretensión de esta naturaleza queda sin lugar.

 

“Una investigación deficiente, una investigación hecha para las noticias de ciertos medios, una investigación sin pruebas no puede sustentarse ante un Tribunal de Justicia”, expresó Araya.

 

Con todos estos argumentos sostuvo que no hay ningún delito que perseguir contra su defendido por lo que solicitó su absolutoria.